El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó una alerta nacional para prevenir y denunciar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, uno de los delitos ambientales que más amenaza la biodiversidad del país y que tiende a incrementarse durante la temporada de Semana Santa.

Según la entidad, “las autoridades ambientales refuerzan controles y campañas de sensibilización ante el aumento histórico de casos de tráfico ilegal en temporadas de alta demanda. Reptiles, aves y mamíferos concentran la mayor presión del comercio ilegal”.

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De acuerdo con reportes consolidados entre 2023 y 2025 por el Ministerio y autoridades ambientales regionales, el tráfico ilegal de fauna silvestre mantiene una tendencia persistente en el territorio nacional.

El fenómeno se caracteriza por la operación de cadenas ilegales estructuradas, el aumento de casos en temporadas específicas y una afectación transversal en múltiples regiones del país.

Los impactos sobre los ecosistemas son significativos, incluyendo disminución de poblaciones naturales, alteración de estructuras ecológicas, pérdida de funciones ecosistémicas y mayor riesgo de extinción de diversas especies.

El análisis por grupos taxonómicos muestra que los reptiles encabezan el tráfico ilegal de fauna silvestre, con más de 9.000 individuos registrados.

Entre las especies más afectadas están la tortuga hicotea, el caimán de anteojos, la iguana verde  y la tortuga de patas rojas.

Su extracción ilegal responde principalmente al consumo de carne y huevos, así como a su comercialización, prácticas que implican captura masiva en sitios de anidación y transporte en condiciones precarias que ponen en riesgo su supervivencia.

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Las aves constituyen el segundo grupo más afectado, con 2.621 individuos, con especies como el loro real amazónico, el canario sabanero  y el periquito bronceado, altamente demandadas para el comercio ilegal como mascotas.

La extracción directa de nidos y el confinamiento en condiciones inadecuadas provocan lesiones, mortalidad temprana y una elevada tasa de pérdida durante el transporte, lo que indica que el número real de individuos afectados supera los registros oficiales de incautación.

En el caso de los mamíferos, con 1.553 individuos registrados, el tráfico se concentra en crías y ejemplares juveniles de especies como la zarigüeya, el armadillo de nueve bandas y el mono aullador rojo.

Esta práctica genera altos niveles de estrés, problemas fisiológicos asociados al manejo inadecuado y una baja probabilidad de supervivencia en cautiverio.

El Ministerio advierte que el maltrato animal no es una consecuencia aislada, sino un componente intrínseco del tráfico ilegal presente en todas sus etapas: captura, transporte, acopio y comercialización. Esta situación se traduce en altos niveles de mortalidad antes de los procesos de incautación, el ingreso de individuos en condiciones críticas a los Centros de Atención y Valoración (CAV) y bajas tasas de rehabilitación y retorno a su hábitat.

La entidad también subraya que el tráfico ilegal de fauna silvestre no solo constituye un delito ambiental, sino una forma de violencia contra los animales que vulnera su bienestar y compromete la sostenibilidad de los ecosistemas. Por ello, invita a la ciudadanía a no comprar, comercializar ni mantener animales silvestres como mascotas y a denunciar cualquier caso ante las autoridades competentes.

En relación con la flora, el Ministerio advirtió sobre la presión que enfrentan especies utilizadas en celebraciones religiosas, especialmente la palma de cera, árbol nacional de Colombia declarado símbolo patrio mediante la Ley 61 de 1985, que prohíbe su tala y comercialización.

La cartera señaló que “la extracción ilegal de palma de cera persiste en el país: entre 2023 y 2024 se incautaron 7.592 unidades, lo que evidencia la continuidad de este delito ambiental”.

Esta especie, categorizada en peligro, cumple un papel ecológico clave en los ecosistemas andinos, donde sirve de alimento y refugio para diversas especies, incluido el loro orejiamarillo. Durante la Semana Santa aumenta la extracción ilegal de cogollos y hojas para la elaboración de ramos, práctica que afecta la regeneración natural de la palma y contribuye a la reducción de su hábitat.

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a no utilizar palma de cera ni otras especies extraídas del bosque y a optar por alternativas sostenibles como hojas de maíz o plátano, juncos, espigas de pastos, arroz o trigo, así como plantas ornamentales que posteriormente puedan sembrarse.